Una séptima víctima del paro se confirma más de un mes después – Primicias
Política
Autor:
Estefanía Celi
Actualizada:
5 Ago 2022 – 12:10
Regístrese
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Estefanía Celi
Actualizada:
5 Ago 2022 – 12:10
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Nota actualizada el 5 de agosto de 2022 con la confirmación de la muerte de Juan Manuel Sisalema.
La jornada de manifestaciones y enfrentamientos de junio de 2022 duró 18 días en total. Y aunque la tensión bajó durante los últimos días, la escalada de la violencia dejó seis muertos en el contexto del paro nacional.
Sin embargo, una muerte más se confirmó más de un mes después de terminadas las jornadas de protestas. Se trata Juan Manuel Sisalema Minta, de 36 años, cuyo fallecimiento se confirmó el 5 de agosto de 2022.
Alrededor de todos estos fallecimientos hay dudas. Las organizaciones de derechos humanos hablan de un supuesto abuso de la fuerza de parte de policías y militares que participan en los enfrentamientos, mientras que el Gobierno se defiende y busca deslindarse de estas muertes
En todos los casos hay dos versiones: una desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de las organizaciones de derechos humanos, y otra desde los ministerios y vocerías del Ejecutivo
Ambos lados piden investigaciones para aclarar las circunstancias de las muertes.
La primera muerte confirmada en el contexto del paro nacional se dio a conocer la mañana del 20 de junio de 2022, en el octavo día de la jornada. La Policía informó en su cuenta de Twitter que, esa madrugada, tres manifestantes habrían caído dentro una quebrada en horas de la noche. Uno de ellos falleció: Jhonny Félix Muenala.
El incidente ocurrió en el sector del redondel de Collas, en Guayllabamba, al norte de Quito.
INFORMAMOS
Esta madrugada, el Cuerpo de Bomberos comunicó a @PoliciaEcuador, que en el contexto de las movilizaciones, tres personas habrían caído a una quebrada, en el sector del redondel de Collas, #Guayllabamba.
Lamentablemente, una persona falleció. pic.twitter.com/HaU0oxaKQS
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) June 20, 2022
Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la muerte es producto de una precipitación a una quebrada de 200 metros en un espacio sin iluminación, “por sortear justamente los lugares que estaban obstaculizando los manifestantes”.
Sin embargo, según la Alianza de Derechos Humanos, la víctima cayó dentro de la quebrada en medio del operativo policial. Y según el alcalde de Cayambe, Guillermo Curichumbi, el operativo habría sido de las Fuerzas Armadas.
José Félix Muénala tenía 22 años, y era habitante de Guayllabamba. Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito de homicidio.
La confirmación de la segunda muerte en el contexto del paro nacional se dio un día después, el 21 de junio, en el noveno día de protestas. Se trataba de Byron Guatatoca, de 42 años, un comunero kichwa que falleció en medio de enfrentamientos entre manifestantes, militares y policías en Puyo, capital de la provincia de Pastaza.
Este es el caso que más polémica ha causado. La muerte de Guatatoca se habría dado después del impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza que, según denunció la Confeniae con fotos de una tomografía, se le incrustó en la cavidad craneal. En redes sociales se difundió un video donde se puede ver a la víctima en el piso.
El Gobierno aseguró que esta muerte fue “consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo“. Pero luego, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, admitió que fue una muerte “accidental” y que la víctima falleció por el impacto de una bomba lacrimógena.
Amnistía Internacional analizó el caso y consideró “que la muerte fue causada por agentes de fuerzas de seguridad, muy probablemente policías, a través del uso excesivo de la fuerza”, por lo que instó a la Fiscalía a investigar el caso.
#Ecuador: Tras analizar evidencia, determinamos que la muerte de un manifestante en Puyo el 21 de junio fue causada por fuerzas de seguridad con uso excesivo de la fuerza y debe ser investigada como potencial ejecución extrajudicial por @DianaSalazarM2. https://t.co/NmqDgbcN9S
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 24, 2022
El primer fallecido en Quito se reportó en el décimo primer día del paro nacional, el 23 de junio. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Henry Quezada Espinoza, de 29 años, en los alrededores del parque El Arbolito.
Fotografías del cuerpo circularon en redes sociales y fueron difundidas incluso por las cuentas de la Conaie. En ellas se puede observar a un hombre con varios impactos en el pecho.
Según la Conaie, Quezada murió “debido a trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones”. Habría sucedido en medio de los enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares desde horas de la tarde, en un intento de los manifestantes por ingresar a la Asamblea Nacional.
El Gobierno, sin embargo, aseguró que no usa perdigones ni ha usado, durante los días del paro nacional, ningún tipo de arma letal. Por lo que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, pidió transparencia en las investigaciones.
La Fiscalía abrió también una investigación por este caso.
#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc inició –de oficio– una investigación previa por la muerte de Henry Ernesto Q., quien habría fallecido en las inmediaciones del parque El Arbolito, en el centro de #Quito, en el contexto de las manifestaciones. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/l3rPuhLLhb
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 24, 2022
El mismo 23 de junio, en el día 11 del paro nacional, falleció Franco Íñiguez Camacho, de 37 años. La víctima habría muerto durante un violento enfrentamiento en San Antonio de Pichincha, al noroeste de Quito.
Esa noche, un grupo de manifestantes en el sector de Calacalí emboscó a un convoy que transportaba alimentos, medicinas y combustibles a la capital. Los enfrentamientos dejaron 17 militares heridos.
En redes sociales circularon videos de los militares retirándose y abandonando sus camiones.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que Iñíguez fue “asesinado por fuerzas militares” con un disparo con arma de fuego. La organización difundió el informe de la autopsia, que revela que el hombre tenía una bala de plomo en el pulmón derecho.
Franco Eduardo Iñigues Camacho, de 36 años, era padre de dos hijos. Trabajó por muchos años en una fábrica textil, hasta que en 2019 tras el recorte de personal, quedó desempleado. Desde allí, todos los días salía de su casa para ganarse la digna subsistencia de toda su familia. pic.twitter.com/kXdswLWl9x
— Misión Internacional de Solidaridad y DDHH (@DdhhMision) June 27, 2022
Al igual que en los otros casos, la Fiscalía aseguró que abrió una investigación previa por la muerte de Íñiguez.
El quinto fallecido que aparece en las cuentas de la Alianza de Derechos Humanos es José Marcelino Villa Romero, de 39 años. Su muerte se confirmó el 22 de junio.
Según El Mercurio, Villa fue hallado muerto en el piso de una caseta ubicada en el costado de la Panamericana Sur, en el sector Y de Tarqui, a pocos metros de donde estaba bloqueada la vía, con llantas quemadas, troncos y piedras.
La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos dijo, en su informe del 26 de junio, que el cuerpo de Villa “presentaba numerosos hematomas que daban cuenta de haber sido golpeado”.
Sin embargo, la Policía dijo que la autopsia reveló que Villa murió por una insuficiencia respiratoria causada por una cirrosis hepática. El fiscal Leonardo Amoroso, en rueda de prensa, aseguró que la muerte fue natural y dijo que el cadáver presentaba un hematoma en su estómago, pero que pudo ser provocado por una caída o golpe que no fue letal.
#ATENCIÓN
El fiscal del #Azuay, Leonardo Amoroso, informó este jueves el resultado de la necropsia realizada al ciudadano que falleció ayer en #Tarqui en donde se desarrollaban las manifestaciones. pic.twitter.com/QEVNeNkSRB
— El Nuevo Tiempo Cuenca (@NuevoTiempoCue) June 23, 2022
La noche del 28 de junio de 2022, en el décimo quinto día del paro nacional, se confirmó la sexta muerte y primera baja en las filas militares. El sargento primero José Chimarro falleció durante el ataque a un convoy en Shushufindi, Sucumbíos.
Según información preliminar, unos 100 comuneros con armas de fuego y lanzas atacaron el convoy, que transportaba 17 tanqueros de combustible para el bloque ITT. La causa de muerte del uniformado no ha sido confirmada.
Sin embargo, desde la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía (Confeniae), se habla de una “brutal represión” en Shushufindi y de disparos de los uniformados hacia la población.
El Ejército Ecuatoriano expresa su sentida nota de pesar ante el fallecimiento del Sgop. (+) de I. Chimarro Quishpe José Polivio en el cumplimiento de su deber.
Paz en la tumba de nuestro compañero. #FFAAContigoEcuador #EjércitoECU #TodosSomosEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/WbEAIMNFQg
— Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) June 28, 2022
El 5 de agosto de 2022, la Conaie confirmó la muerte de Juan Manuel Sisalema Minta, de 36 de años, que sería la séptima muerte relacionada con el paro nacional.
Según la Conaie, Sisalema fue herido el 17 de junio de 2022 con impacto de perdigones que incluso habrían llegado a su cabeza. El hombre habría pasado 49 días en estado de coma hasta la confirmación de su fallecimiento.
De los crímenes de Estado no hay retorno ni perdón.
A causa de perdigones disparados directamente a su cabeza por la represión policial y militar en el #ParoNacionalEC2022, fallece Juan Manuel Sislema, padre de un niño y niña de 10 y 6 años de edad.
Exigimos verdad y justicia. pic.twitter.com/iOf9NIBDUu
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 5, 2022
La cuenta de los heridos durante los 15 días del paro nacional es algo más complicada, por la dispersión y la amplitud de las protestas. Sin embargo, la Alianza de Derechos Humanos contaba, hasta el 25 de junio, 64 incidentes de violación de derechos que habían resultado en:
Entre los heridos grandes, esa organización cuenta el caso de un joven de 21 años, de la comuna Santa Clara de Millán, en Quito, que “sufrió mutilación ocular producto de una granada de gas lacrimógeno de fragmentación”. Además del caso de un joven de 22 años, en estado grave tras una “herida craneal producto de un perdigón”.
Según las organizaciones de este colectivo, existen además casos de lo que llaman ‘detenciones exprés’, es decir, casos en los que las personas son detenidas pero no entregadas a órdenes de un juez, sino que “las mantienen dando vueltas y (son) liberadas horas después”.
Del lado de la Policía, el ministro Carrillo informó que hay 218 policías heridos, de los cuales 20 continúan hospitalizados y 33 fueron dados de alta.
Durante las manifestaciones hubo también 30 vehículos y motos destruidas, además de daños en 15 unidades de policía comunitarias.
MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL (DEL 13 AL 27 DE JUNIO)
A causa de agresiones propinadas por manifestantes, con objetos contundentes, 218 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮𝘀 sufrieron graves lesiones, mientras cumplían con la misión constitucional.#NoMásViolencia#PolicíaSeguridadYPaz pic.twitter.com/uUptnoOMvh
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